NARIÑO: La senda estrecha. Seguridad
El plan de desarrollo de Nariño 2008 - 2011 "Adelante Nariño" muestra en su parte diagnóstica, la cruda realidad estructural, que agobia al departamento del sur de Colombia, la cual se presenta a continuación tocando los aspectos:
DEMOGRÁFICO
DEMOGRÁFICO
SEGURIDAD
SALUD
CULTURA
ECONOMÍA
AMBIENTE
INFRAESTRUCTURA
EDUCACIÓN
OTROS ASPECTOS SOCIALES
El texto, con una finalidad académica, va dirigido a docentes y estudiantes de la Universidad Mariana, interesados en análisis actualizados sobre el entorno inmediato.
ASPECTOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
El Plan de desarrollo de Nariño sostiene que el departamento vive actualmente uno de sus momentos más difíciles ya que el narcotráfico y el conflicto armado asentados en la zona, se suman a la ya histórica situación de pobreza, baja calidad de vida, aislamiento y marginamiento por parte del estado colombiano
En Nariño se sabe que, desde 1980, varios grupos armados ilegales se asientan en el territorio, tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y estructuras de delincuencia organizada alrededor del narcotráfico como Nueva Generación, los Rastrojos y Águilas Negras.
El Plan sostiene que desde el año 2000, se inicia una tendencia al incremento de homicidios la cual entre 2005 y 2007 creció en un 2.6% y llegó a un preocupante 49.9%, con 13.7 puntos por encima de la tasa nacional, que en el período fue del 36.2%.
El comportamiento de homicidios por municipios durante el año 2007, muestra escalofriantes incrementos en Policarpa, Cumbitara, Tumaco, Linares, Leiva, El Contadero, Barbacoas y Taminango que incrementaros la tasa entre el 215,68 y el 112,4, también en El Rosario, La Tola, El Peñol, Ricaurte, San Lorenzo, Olaya Herrera, Ipiales, Colón-Génova, Santacruz, Samaniego, El Charco, Túquerres y la Unión con tasas entre el 89,5, y 36,31 por encima del promedio nacional.
“Los asesinatos ocasionados por masacres, y asesinatos de configuración múltiple, entre el 2003 y el 2007 suman 73. En el 2003 se cometieron tres (3) masacres, Ipiales, Pasto y Tangua; en el 2005, cinco (5), en Tumaco tres (3), y en Barbacoas dos (2); en el 2006, ocurrieron seis masacres: una (1) en Ancuya; dos (2) en Barbacoas; una (1) en Olaya Herrera; una (1) en Samaniego y una (1) en Tumaco. En el 2007 se registró una (1) en el Municipio de Leiva. Otro fenómeno, además del homicidio, es el secuestro, que en el período comprendido entre el 2003 y 2006 fue de 213 casos”[1].
El Plan de Desarrollo afirma que el número oficial de víctimas civiles, como consecuencia de las minas anti persona, “…en 2005 fue de 43, de las cuales 17 murieron; en el 2006, se registraron setenta víctimas, siendo 42 las personas fallecidas; en el 2007, 60 víctimas con 26 casos mortales y en lo que va corrido del presente año se cuentan 20 víctimas, de las cuales han fallecido cinco. Así, en los últimos cuatro años y en lo corrido de 2008, se ha llegado a 204 víctimas, de las cuales fallecieron 90 personas entre campesinos, indígenas y afroamericanos, contándose entre ellos, niños y niñas[2]. Nariño es, después de Antioquia, el departamento donde más accidentes por minas anti persona se presentan.
Por otra parte el desplazamiento forzado por la violencia se incrementa entre 2006 y 2007, creció en un 51.54%, mientras en el país para el mismo periodo disminuyó en un 22.28%[3].
“El Departamento de Nariño, desde el año 2000, se convirtió en receptor y expulsor de desplazamiento forzado, con incrementos significativos en los años 2002, y entre 2005 y 2007, presentándose como un nuevo hecho en este último periodo el desplazamiento entre municipios y veredas del departamento.
Los principales sitios de recepción de población desplazada son Pasto y las cabeceras municipales de las zonas donde el conflicto es más intenso, como es el caso de Tumaco, El Charco, Barbacoas, Samaniego, Taminango, Ricaurte y Policarpa.
Los datos suministrados por la oficina de Acción Social de Pasto indican que entre los años 2001 y 2007 fueron 87.644 personas las que emigraron, de las cuales 44.100 fueron hombres y 43.544 mujeres. De 0 a 9 años de edad 18.604; de 10 a 17 años, 18.253; de 18 a 59 años, 40.027; de 60 y más años 3.732 y sin registro por edad 7.028 personas”[4].
Los cultivos ilícitos no dan tregua en Nariño. ”De acuerdo a los datos obtenidos del proyecto Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMCI II -, de la Oficina Contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2006 las hectáreas sembradas de coca crecieron en un 12% con respecto al 2005, al pasar de 13.875 a 15.606 hectáreas, mientras en el país disminuyó en un 9%, registrándose durante el 2006 un total de 78.000 hectáreas, de las cuales el 20% están en Nariño, a pesar que entre los años 2002 y 2007, se fumigaron 239.948 hectáreas, siendo el departamento más
fumigado del país y que entre los años 2004 y 2007, se erradicaron manualmente 27.379 hectáreas”[5]. Los municipios más afectados por esta lacra, según datos del Plan de Desarrollo, en 2006 son: Tumaco, 7.045 hectáreas y un crecimiento con relación al año anterior de un 56%; Barbacoas 1460 ha, Santa Bárbara 1303 Ha, Roberto Payán 1.011 Ha, Magüí 1002 Ha, El Charco 441 Ha, Olaya Herrera 870 Ha, Policarpa 545 Ha y Cumbitara con 483 hectáreas.
El departamento concentra todas las formas de violencia del país .Esta deplorable situación de inseguridad, evidenciada en “Los homicidios, el desplazamiento, las desapariciones, el confinamiento, el creciente fenómeno del refugio como consecuencia del conflicto y la incidencia del narcotráfico, sumada a los suicidios, hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar que afecta especialmente a mujeres, a niñas y niños, consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, especialmente en la población adolescente e incremento en la tasa de embarazos precoces, permiten concluir que en el departamento existe una situación de crisis humanitaria que afecta a un amplio sector de la población nariñense”[6].
El Plan de desarrollo de Nariño reconoce que el territorio no solamente está afectado por la ancestral y difícil situación económica y el conflicto armado, también lo está por los efectos de las políticas monetarias internacionales, los problemas de orden público binacionales, el cierre de pasos fronterizos y conflictos limítrofes por problemas de refugio, repatriación, internos nacionales en cárceles ecuatorianas, deportados, expulsados, trata de personas, tráfico de precursores y armas y delincuencia organizada binacional.
[1] Ibid. p.37
[2] Ibd. p.37
[3] Ibid. p.37
[4] Ibid. p.38
[5] Ibid. p.38
[6] Ibid. p.39
El Plan de desarrollo de Nariño sostiene que el departamento vive actualmente uno de sus momentos más difíciles ya que el narcotráfico y el conflicto armado asentados en la zona, se suman a la ya histórica situación de pobreza, baja calidad de vida, aislamiento y marginamiento por parte del estado colombianoEn Nariño se sabe que, desde 1980, varios grupos armados ilegales se asientan en el territorio, tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y estructuras de delincuencia organizada alrededor del narcotráfico como Nueva Generación, los Rastrojos y Águilas Negras.
El Plan sostiene que desde el año 2000, se inicia una tendencia al incremento de homicidios la cual entre 2005 y 2007 creció en un 2.6% y llegó a un preocupante 49.9%, con 13.7 puntos por encima de la tasa nacional, que en el período fue del 36.2%.
El comportamiento de homicidios por municipios durante el año 2007, muestra escalofriantes incrementos en Policarpa, Cumbitara, Tumaco, Linares, Leiva, El Contadero, Barbacoas y Taminango que incrementaros la tasa entre el 215,68 y el 112,4, también en El Rosario, La Tola, El Peñol, Ricaurte, San Lorenzo, Olaya Herrera, Ipiales, Colón-Génova, Santacruz, Samaniego, El Charco, Túquerres y la Unión con tasas entre el 89,5, y 36,31 por encima del promedio nacional.“Los asesinatos ocasionados por masacres, y asesinatos de configuración múltiple, entre el 2003 y el 2007 suman 73. En el 2003 se cometieron tres (3) masacres, Ipiales, Pasto y Tangua; en el 2005, cinco (5), en Tumaco tres (3), y en Barbacoas dos (2); en el 2006, ocurrieron seis masacres: una (1) en Ancuya; dos (2) en Barbacoas; una (1) en Olaya Herrera; una (1) en Samaniego y una (1) en Tumaco. En el 2007 se registró una (1) en el Municipio de Leiva. Otro fenómeno, además del homicidio, es el secuestro, que en el período comprendido entre el 2003 y 2006 fue de 213 casos”[1].
El Plan de Desarrollo afirma que el número oficial de víctimas civiles, como consecuencia de las minas anti persona, “…en 2005 fue de 43, de las cuales 17 murieron; en el 2006, se registraron setenta víctimas, siendo 42 las personas fallecidas; en el 2007, 60 víctimas con 26 casos mortales y en lo que va corrido del presente año se cuentan 20 víctimas, de las cuales han fallecido cinco. Así, en los últimos cuatro años y en lo corrido de 2008, se ha llegado a 204 víctimas, de las cuales fallecieron 90 personas entre campesinos, indígenas y afroamericanos, contándose entre ellos, niños y niñas[2]. Nariño es, después de Antioquia, el departamento donde más accidentes por minas anti persona se presentan.Por otra parte el desplazamiento forzado por la violencia se incrementa entre 2006 y 2007, creció en un 51.54%, mientras en el país para el mismo periodo disminuyó en un 22.28%[3].
“El Departamento de Nariño, desde el año 2000, se convirtió en receptor y expulsor de desplazamiento forzado, con incrementos significativos en los años 2002, y entre 2005 y 2007, presentándose como un nuevo hecho en este último periodo el desplazamiento entre municipios y veredas del departamento.Los principales sitios de recepción de población desplazada son Pasto y las cabeceras municipales de las zonas donde el conflicto es más intenso, como es el caso de Tumaco, El Charco, Barbacoas, Samaniego, Taminango, Ricaurte y Policarpa.
Los datos suministrados por la oficina de Acción Social de Pasto indican que entre los años 2001 y 2007 fueron 87.644 personas las que emigraron, de las cuales 44.100 fueron hombres y 43.544 mujeres. De 0 a 9 años de edad 18.604; de 10 a 17 años, 18.253; de 18 a 59 años, 40.027; de 60 y más años 3.732 y sin registro por edad 7.028 personas”[4].
Los cultivos ilícitos no dan tregua en Nariño. ”De acuerdo a los datos obtenidos del proyecto Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMCI II -, de la Oficina Contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2006 las hectáreas sembradas de coca crecieron en un 12% con respecto al 2005, al pasar de 13.875 a 15.606 hectáreas, mientras en el país disminuyó en un 9%, registrándose durante el 2006 un total de 78.000 hectáreas, de las cuales el 20% están en Nariño, a pesar que entre los años 2002 y 2007, se fumigaron 239.948 hectáreas, siendo el departamento más
fumigado del país y que entre los años 2004 y 2007, se erradicaron manualmente 27.379 hectáreas”[5]. Los municipios más afectados por esta lacra, según datos del Plan de Desarrollo, en 2006 son: Tumaco, 7.045 hectáreas y un crecimiento con relación al año anterior de un 56%; Barbacoas 1460 ha, Santa Bárbara 1303 Ha, Roberto Payán 1.011 Ha, Magüí 1002 Ha, El Charco 441 Ha, Olaya Herrera 870 Ha, Policarpa 545 Ha y Cumbitara con 483 hectáreas.El departamento concentra todas las formas de violencia del país .Esta deplorable situación de inseguridad, evidenciada en “Los homicidios, el desplazamiento, las desapariciones, el confinamiento, el creciente fenómeno del refugio como consecuencia del conflicto y la incidencia del narcotráfico, sumada a los suicidios, hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar que afecta especialmente a mujeres, a niñas y niños, consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, especialmente en la población adolescente e incremento en la tasa de embarazos precoces, permiten concluir que en el departamento existe una situación de crisis humanitaria que afecta a un amplio sector de la población nariñense”[6].
El Plan de desarrollo de Nariño reconoce que el territorio no solamente está afectado por la ancestral y difícil situación económica y el conflicto armado, también lo está por los efectos de las políticas monetarias internacionales, los problemas de orden público binacionales, el cierre de pasos fronterizos y conflictos limítrofes por problemas de refugio, repatriación, internos nacionales en cárceles ecuatorianas, deportados, expulsados, trata de personas, tráfico de precursores y armas y delincuencia organizada binacional.[1] Ibid. p.37
[2] Ibd. p.37
[3] Ibid. p.37
[4] Ibid. p.38
[5] Ibid. p.38
[6] Ibid. p.39
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